Basura electrónica: La pelusa debajo de la alfombra
La ley que regula la actividad sigue frenada en el Senado, mientras la Argentina genera 120 mil toneladas de residuos de este tipo por año y solo recicla el 10 por ciento. Entre la indiferencia politica y la irresponsabilidad empresarial.
Por Federico Kukso
Hace un poco mas de doscientos años, un químico francés se aclaró la garganta y dejó escapar una de las frases más repetidas -por músicos, publicistas, filósofos new age- de la historia."Nada se pierde; todo se transforma", dijo Antoine-Laurent Lavoisier enunciando así la ley de la conservación de la materia, aquella que rige para todo (cosas, objetos, planetas y estrellas) y para todos, desde la ameba más insignificante a la ballena más colosal. Sin saberlo, este prócer de la revolución científica cuya vida culminó cuando la guillotina separó su cabeza de su cuerpo, también había compactado en estas seis palabras la piedra fundamental sobre la que se levantó pacientemente aquel campo teñido de verde llamado "ecologismo". El latiguillo remite también al "lado B" de la tecnología, ese costado oscuro del que mucho no se habla (por que incomoda, por que en realidad no se sabe mucho qué hacer): la basura electrónica (o e-waste).
En un tiempo en el que el promedio de vida de un gadget es de dos o tres años y en el que los consumidores cambian de modelo de celular en promedio cada 18 meses, los aparatos que un día dijeron "hasta acá llegué" y pasaron a mejor vida o bien se acumulan peligrosamente debajo de la cama o en galpones perdidos, formando verdaderas montañas tóxicas (por más verde que diga ser una marca, la mayoría de los chiches electrónicos tienen químicos como cadmio, berilio, mercurio y plomo, entre otros tantos).
Pero eso ya lo sabemos (¿o no?). Lo que se desconoce, tal vez, es el estado legal de la cuestión: la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -presentada en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado inicialmente en el año 2008 por el senador nacional Daniel Filmusy nuevamente en 2010 luego de haber perdido estado parlamentario por la dilación en su tratamiento- está frenada. O sea, se sigue viendo a estos residuos como desechos domésticos, como una cáscara de banana que se arroja olímpicamente a la basura.
"Una empresa o un gobierno puede tirar sus pilas, baterías, tubos fluorescentes con mercurio, cartuchos de tinta o plaquetas electrónicas a la basura y nadie la sancionará, por más que esos desechos terminen contaminando el suelo o el agua de los argentinos. Esto genera confusión y mensajes no claros a la ciudadanía", cuenta uno de los máximos adalides contra este flagelo tecnomoderno, Gustavo Fernández Protomastro, director de E-Scrap, una de las pocas compañías que se dedican a reciclar residuos electrónicos en la Argentina.
El enemigo o responsable de este estancamiento legislativo no está del todo identificado. No hay una oposición clara o explícita. Más bien, reina cierta indiferencia. El manejo de todo tipo de residuos -los residuos electrónicos en particular requieren un proceso de recupero o reciclado especial- aún no forman parte de la agenda política. "Todos los argentinos estamos al tanto de la contaminación de las pilas, todos los municipios lo ven como un problema, pero nadie invierte en una solución, porque no consideramos ni los impactos ambientales y sociales, ni el costo futuro de enterrar las pilas hoy -continúa Fernández Protomastro-. Gestionar residuos es gestionar a largo plazo, con infraestructuras y logística costosas, sean plantas de reciclado, tratamiento o recupero. Barrer esta basura debajo de la alfombra significa dejarle a nuestro hijos o nietos, un gran problema ambiental". Los números y cifras en general marean. Pero en este caso espantan: cada año se generan entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos de este tipo alrededor del mundo. En la Argentina, en particular, la generación de residuos electrónicos está entre 2,5 y 3 kg por habitante por año, o bien, entre 100.000 y 120.000 toneladas. Se estima que en 2011 se desecharán un millón de computadoras y 10 millones de celulares (el descarte de teléfonos aumentó 4 veces en los últimos 5 años).
"En la Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura formal para hacer frente a la basura electrónica. Los productores deben hacerse cargo financieramente de los aparatos que colocan en el mercado, desde la fabricación hasta el final de su vida útil", afirmó en el momento de mayor inmovilidad de la ley María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, entidad que entre otras actividades, en julio de 2010 reclamó en la sede de la compañía Procter&Gamble, importadora de pilas Duracell en Argentina, que la empresa se haga cargo de la gestión de las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas en Buenos Aires.
Greenpeace pide la sanción de una ley de Basura Electrónica:Greenpeace pide la sanción
Sólo el 10 por ciento de esta e-basura es reciclada. El 90 por ciento restante acumula polvo y espera lánguidamente a que alguien -Estado, fabricantes y también, por qué no, consumidores- se dispongan a hacer algo al respecto, si es que no quieren vivir apretados entre cadenas montañosas de pantallas apagadas y teclados destartalados como se ve en la lúgubre Tierra futura de la película Wall-E.
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