México: "Si publicas esta carta ya eres mujer muerta"

Alberto Nájar

BBC Mundo, Ciudad de México

Organizaciones civiles denuncian que la violencia contra mexicanas no cesa

Una mañana, al abrir la puerta de su negocio, Margarita Martínez Martínez encontró un mensaje escrito en papel. "Que te quede claro, en este asunto sólo tienes dos opciones", decía. "Te vas del país, y la segunda, que si publicas esta carta ya eres mujer muerta".

Martínez es defensora de derechos humanos en Chiapas, al sureste de México, y desde 2009 ella y su familia han recibido constantes amenazas de muerte.

Hace un par de años fue secuestrada y torturada. Los plagiarios pretendían que se desistiera de un juicio que había promovido por el allanamiento de policías estatales a su casa. Hasta ahora no se ha castigado a ningún responsable de la agresión.

Martínez no sólo publicó la carta, sino que llevó su caso, y el de decenas de periodistas y defensoras de derechos humanos ante el Comité de Naciones Unidas de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

El Comité evalúa este miércoles si el gobierno de México ha cumplido con sus compromisos de proteger de violencia y discriminación a las mexicanas, un tema controversial en este país.

Las autoridades informan de un avance significativo en acciones concretas para proteger a las ciudadanas, mientras que organizaciones civiles aseguran que el clima de violencia y agresión hacia mujeres periodistas, líderes comunitarias y defensoras de derechos humanos no cesa y en algunos casos está en aumento.

"No vamos a regresar"

"Se supone que las autoridades están para protegernos, que el Estado ha ratificado acuerdos internacionales donde se compromete a salvaguardar la vida de toda mujer, de todo ser humano. No lo ha hecho"

Margarita Martínez, activista

Ante el Comité de Expertas, unas cien organizaciones civiles denuncian que las autoridades no suelen investigar las agresiones a mujeres, especialmente si se trata de activistas.

La impunidad, afirman, es uno de los problemas más serios en México. Y Margarita Martínez es un ejemplo.

Tras la última amenaza, la mañana del 30 de junio, el riesgo de morir asesinada aumentó a tal punto que su familia abandonó su hogar en Chiapas.

"Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal nos han garantizado la vida y la integridad", dice en conversación con BBC Mundo.

"Se supone que las autoridades están para protegernos, que el Estado ha ratificado acuerdos internacionales donde se compromete a salvaguardar la vida de toda mujer, de todo ser humano. No lo ha hecho y por eso mi familia ha tenido que salir. Ya no vamos a regresar".

Casos de violencia contra mujeres abundan en México, afirman organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ambas ubicadas en Chihuahua.

Las organizaciones presentan ante el CEDAW un "informe sombra", como se llama a los reportes no oficiales y de los que se presentaron al menos 17 en la audiencia del Comité.

En su documento las organizaciones denuncian un aumento de 1.000% en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la capital del estado, Chihuahua.

"Desde 2008, el estado de Chihuahua tiene el mayor número de mujeres asesinadas por año en México", cita el documento.

"Varias de estas víctimas han sido defensoras de derechos humanos, como Marisela Escobedo y Josefina Reyes. Estos crímenes, como el 95% de los homicidios de mujeres en la entidad continúan impunes".

Asunto nacional

Pero la violencia contra mujeres no sólo existe en el norte de México, donde se ubica Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chihuahua, registra un alto índice de homicidios de mujeres en México

En Guerrero, al sur del país, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denuncia que las autoridades no han cumplido totalmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas violadas por soldados del Ejército.

El gobierno mexicano acató una parte de las resoluciones, como enviar el caso a tribunales civiles y no los militares, como permaneció desde hace una década.

No es suficiente, señalan Tlachinollan y un grupo de organizaciones civiles en una carta enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

"Hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de diez años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial", expresan.

Un informe similar presenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, sobre el caso de 26 mujeres que en 2006 sufrieron abusos sexuales durante una operación de la policía del Estado de México, al centro del país.

El gobernador de esa entidad era, en ese entonces, Enrique Peña Nieto, el candidato con más ventaja en las recientes elecciones presidenciales.

Respuesta oficial

En la audiencia del Comité de Expertas, el gobierno mexicano presenta lo que llama su "último informe" sobre las acciones realizadas a partir de 2006.

Las autoridades destacan que, por primera vez, en las leyes mexicanas se estableció el delito de feminicidio, una forma de definir el asesinato de mujeres que tiene un castigo mayor al de crímenes contra hombres.

También se informa que, por primera vez, se establecieron presupuestos específicos para la atención de temas de género, así como un área especial de la Procuraduría (fiscalía) General de la República para los casos relacionados con violencia de mujeres.

De casos específicos el gobierno mexicano no ofrece más datos.