La guerra de las semillas transgénicas toma fuerza en Chile
Rodrigo Bustamante
Chile
El gobierno niega que la medida afecte a los pequeños sembradores y señala que las variedades nativas son de libre disposición.
La aprobación de un convenio que otorga derechos sobre la propiedad de las semillas modificadas, ha desatado reacciones encontradas en Chile.
Mientras los representantes del gobierno destacan sus beneficios para la actividad agrícola, sus detractores auguran daños para pequeños campesinos y pueblos originarios.
Se trata del acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión de 1991 (UPOV 91) -incluida en el tratado de libre comercio con Estados Unidos-, que fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Senado con 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.
El tratado establece y protege los derechos de los "obtentores", que son quienes hayan creado o descubierto una nueva variedad de vegetal.
A ellos les otorga la propiedad intelectual o patente sobre la semilla, que implica un pago por su uso.
El UPOV 91 también aumenta el tiempo de protección del patrimonio y además la extiende al producto de la cosecha.
Y esto es tajantemente rechazado por los grupos opositores.
"No puede ser que ahora sea ilegal que puedas guardar tus propias semillas y las puedas intercambiar o vender los excedentes, es absurdo", le dijo a BBC Mundo Iván Santandreu, representante de Chile sin Transgénicos.
"Sin posibilidad de defenderse"
Para Santandreu, el convenio es parte de un conjunto de leyes y medidas que "están apuntando en la dirección de consolidar un monopolio y una privatización de las semillas, y finalmente la transgenia en el país".
"Las pocas compañías grandes van a dominar el mercado y van a ofrecer un tipo de semilla al precio que ellos quieran y con sus condiciones, mientras que el pequeño agricultor, el campesino y las comunidades indígenas no tienen ninguna posibilidad de defenderse"
Iván Santandreu, representante de Chile sin Transgénicos
"Las pocas compañías grandes van a dominar el mercado y van a ofrecer un tipo de semilla al precio que ellos quieran y con sus condiciones, mientras que el pequeño agricultor, el campesino y las comunidades indígenas no tienen ninguna posibilidad de defenderse", afirmó.
El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, dijo sin embargo que la medida no afectará a los pequeños sembradores, y subrayó que las variedades nativas son de libre disposición, por lo que no se podría, por ejemplo, patentar la papa oriunda de Chiloé.
"Nada tiene que ver este proyecto con los transgénicos o con afectar a los pequeños agricultores y a las etnias de Chile. Esto apunta a las variedades nuevas, no tiene nada que ver con variedades endémicas o autóctonas del país", aseveró Galilea.
Y a favor del acuerdo también se manifestó el bioquímico Gabriel León, académico del centro de Biotecnología Digital de la universidad Andrés Bello, quien calificó el UPOV como "un avance importante".
"No busca que se enriquezcan las grandes compañías, instituciones o quienes desarrollan variedades sino proteger la propiedad intelectual de ellos sobre su creación. Se busca desincentivar, por ejemplo, que una persona siembre un campo, coseche esto, resiembre y además venda semillas a alguien más", le dijo a BBC Mundo.
La sombra de Monsanto
La empresa estadounidense Monsanto, que controla mayoritariamente la producción mundial de semillas genéticamente modificadas o transgénicas, ha sido sin embargo destacada por los detractores del acuerdo como un ícono de la concentración del mercado que esta iniciativa podría generar.
"Nada tiene que ver este proyecto con los transgénicos o con afectar a los pequeños agricultores y a las etnias de Chile. Esto apunta a las variedades nuevas, no tiene nada que ver con variedades endémicas o autóctonas del país"
José Antonio Galilea, ministro de Agricultura
La frase "Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina", que se multiplicó en algunas redes sociales, como Twitter, encendió el debate.
La organización no gubernamental Chile sin Transgénicos también denunció que el padre de la ministra vocera de Gobierno, Ena von Baer, tenía patentada la quínoa hasta 2016 a través de su empresa Semillas Baer, por lo que obtendría grandes beneficios.
Y quienes critican el acuerdo afirman además que el mismo es contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ley Indígena, que plantea la obligación de consultar a los pueblos originarios en materias que los afecten directamente.
"Presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional para que prime el Convenio 169 y esto derive en la consulta a los pueblos originarios, que debería haberse hecho antes de someter esto a votación", destacó a BBC Mundo el senador Jaime Quintana, del opositor Partido Por la Democracia (PPD).
Futuro
En cualquier caso, para entrar en vigencia, el UPOV 91 aún debe esperar la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales vinculada al convenio, que puede contar con restricciones que vayan en directo beneficio de los pequeños agricultores frente a las grandes compañías, y que deberá verse en el Senado.
Por eso, los parlamentarios estiman que aún se puede dejar sin efecto, si es que logran tener los votos, según remarcó Jaime Quintana.
"Se debe discutir el proyecto que regula algunas leyes internas, y esa es la oportunidad que tiene el Senado de rechazarla y de echar abajo este nuevo marco legal, ya que el UPOV exige como norma interna de ratificación que sean presentados de manera simultánea", señaló.
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