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lunes, 4 de julio de 2011

Racismo Multinacional: Benetton pide desalojo y cárcel a Mapuche
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Se trata de una nueva arremetida de los italianos Benetton contra la Comunidad Santa Rosa Leleque. Asi lo confirmó Rosa Nahuelquir, tras conocerse que la multinacional Benetton solicitó el desalojo compulsivo y posterior encarcelamiento de la familia Curiñanco-Nahuelquir por haber realizado mejorashabitacionales en las instalaciones ubicadas en el lote Santa Rosa y que están en litigio desde el 2007. La Multinacional de "los Colores Unidos" y de los "derechos humanos" rechazó las "mejoras" que la familia Mapuche realizó para afrontar las termperaturas bajo cero de la época invernal.


El abogado Fernando Kosovsky sostuvo que "se trata de un derecho humano elemental, de estar en una vivienda adecuada".
Las mejoras se realizaron a través de un programa que propuso el propio el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) y no dudó en señalar que la imputación de los Benetton "es una metodología de exterminio contra el pueblo Mapuche implementado por la compañía".
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“Benetton nos quiere ver presos”, alega la Comunidad Santa Rosa
La comunidad Santa Rosa Leleque apeló una presentación efectuada por el empresario italiano Luciano Benetton, en la que pretendía encarcelar a Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, como referentes de dicha comunidad, por haber realizado mejoras, con ayuda del Estado, en su vivienda, ubicada en tierras que el magnate reclama como propias.

Integrantes de Santa Rosa Leleque, junto a los abogados,  Edgardo Manosalva y Fernando Kosovsky, se presentaron ante los tribunales de Esquel, para apelar una presentación efectuada por la Compañía de Tierras Sud Argentino,  propiedad de la firma Benetton, por presunta desobediencia a la disposición del juez Omar Magallanes, que ordenó no innovar en el predio que ocupa la comunidad mapuche.
LA DENUNCIA
Según la presentación de los apoderados de Benetton, el incumplimiento se habría dado con la construcción de una vivienda de material. La realización de esa obra, que se levantó con aportes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habría sido con el objeto de garantizar el derecho de la comunidad a una vivienda adecuada ante la proximidad del invierno.

El delito “desobediencia” contempla como pena la prisión de 15 días a un año para los imputados. A través del apoderado legal de la Compañía de Tierras Sud Argentino, el abogado Martín Iturburu Moneff, se denuncia el presunto incumplimiento de la medida cautelar de no innovar, ya que según esta presentación se habrían verificado “alteraciones de naturaleza material en el predio Santa Rosa de carácter permanente, lo que implicaría una inequívoca desobediencia a la orden judicial dispuesta”.

POR EL FRIO

Sobre la vivienda construida en el sector, Rosa Nahuelquir señaló: “en esa pequeña vivienda que construimos somos 22 integrantes, y también hay niños y necesitamos protegernos del clima. Por eso quisimos venir a decir esto a la justicia pero también a la gente para que sepa cómo son las cosas”, indicó.

Atilio Curiñanco agregó: “aquí venimos a pedir las garantías que debe tener el Estado con los pueblos originarios. Esto que hoy ocurre aquí es la gravedad de lo que tenemos que enfrentar los pueblos originarios”.

La obra que objeta la Compañía de Tierras Sud Argentino sería la ampliación de una vivienda ya existente, la cual se habría realizado con un subsidio del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para implementar el proyecto de mejoramiento habitacional de la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque.

En este marco la comunidad rechaza la denuncia de Benetton “por carecer la misma del asidero fáctico y legal exigido para el caso”. Asimismo solicitan “se disponga el levantamiento de la medida cautelar, atento no existir los motivos que dieron lugar a su procedencia”. 
DERECHO A UNA VIVIENDA

Según lo expresado en la presentación realizada por la comunidad, “considerar la medida de no innovar en los términos absolutos que propone la actora, implicaría lisa y llanamente entenderla como un desalojo encubierto, prohibido expresamente por la legislación vigente”.

Tras efectuar la presentación, Fernando Kosovsky, como uno de los abogados de la comunidad, manifestó: “en un predio de más de 500 hectáreas que haya una vivienda de 60 metros cuadrados en la cual ya está viviendo una familia y se mejoren las condiciones en temperaturas bajo cero como estamos viviendo, es de una crueldad bastante inusitada tener que estar contestando este tipo de planteos, que no son más que la continuidad histórica del exterminio de la compañía de tierras, hoy en manos de Benetton”, concluyó.

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