Tema tabú, vergonzante para quienes la padecen y casi ausente en el debate público, este tipo de violencia que sufren las mujeres en el 80% de los casos denunciados es una problemática muy arraigada en el país y de la que el Estado recién ahora comienza a ocuparse gracias al impulso de la Corte a la atención de las víctimas
Por Laura Zommer
Foto ARTE DE TAPA: SILVINA NICASTRO
"Sos un sapo. Te juro que te voy a matar. Es vos o yo", dice cada uno de los más de 150 mensajes de texto que Juana recibió de su ex pareja sólo en el último mes y que conserva como prueba. Tiene 52 años y mucho miedo. Piensa que él realmente la va a matar, o que va a quemar su casa. Vive en La Boca y, en teoría, tiene custodia policial las 24 horas. Aun cuando cree que todavía lo ama, después de cinco años de una relación en la que estuvo absolutamente dominada, incluso sexualmente, un día dijo "basta" y llamó al 911.
Juana es, aunque suene absurdo, afortunada entre las víctimas de violencia doméstica. Logró lo que la mayoría nunca logra: superar un montón de prejuicios y obstáculos simbólicos o materiales y acudir a la Justicia en busca de ayuda antes de que fuera demasiado tarde.
Nadie sabe cuántas Juanas hay en la Argentina. Ni puede sostenerse seriamente que en nuestro país los hombres son más o menos violentos que en otros. Lo que se sabe es que la violencia en el seno del hogar atraviesa a todas las clases sociales, afecta a mujeres de todas las edades y existió siempre, aunque sólo en los últimos años el fenómeno comenzó a hacerse más visible en la sociedad y a movilizar a las autoridades (a algunas más que otras, en rigor de verdad). Pero sigue siendo un tema tabú y no será sencillo que deje de serlo.
En el pasado, las Juanas deambulaban por comisarías y oficinas públicas donde las miraban mal; hospitales y consultorios médicos repletos, donde les daban turnos para meses más tarde, y juzgados y fiscalías donde las felicitaban por su coraje pero les explicaban que, aunque era su derecho no ser golpeadas por su pareja, no alcanzaban los recursos estatales para darles protección.
No es que ahora estos recursos sean suficientes ni mucho menos, pero parece haber, desde el Estado, una primera reacción efectiva: el impulso que las dos ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, dieron y dan a la atención de esta problemática hace que ya casi nadie pueda hacerse el distraído cuando una víctima de violencia de género supera la sumisión y se atreve a denunciar a quien la somete.
¿Será que se puede? ¿Será que cuando la decisión política se combina con capacidad técnica y presupuesto el Estado funciona? La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte cumplió dos años de funcionamiento esta semana y es un ejemplo de ello, coinciden cuatro feministas que pocas veces se muestran tan de acuerdo: la socióloga Beatriz Kohen, la médica Mabel Bianco, la abogada Natalia Gherardi y la periodista especializada en comunicación y género, Sandra Chaher.
Algunos resultados son interesantes y vale la pena destacarlos, por más que se esté observando apenas la punta del iceberg de una problemática tan arraigada y tan vergonzante para las víctimas que el silencio es lo que gana la gran mayoría de las veces: desde que abrió, la OVD recibió el caso de Juana y otros 12.583, que afectan a 16.603 víctimas, el 80% de las cuales son mujeres. Los niños ascienden al 68% entre el 20% de los hombres afectados.
Como la violencia doméstica es un fenómeno complejo, que excede con creces el aspecto jurídico, las víctimas reciben allí asesoramiento integral por parte de un equipo de expertos conformado por abogados, psicólogos, sociólogos, médicos y asistentes sociales.
Además de remitir la gran mayoría de los casos al fuero civil y siete de cada 10 también al fuero penal, algunos son derivados a centros de salud o a organizaciones de la sociedad civil que trabajan esta problemática. Si es necesario, allí mismo les dan a las víctimas asesoramiento o patrocinio jurídico gratuito por parte de abogados de la Defensoría General de la Nación, que comanda Stella Maris Martínez, y les realizan los estudios necesarios para los informes médicos y de riesgo que los jueces requieren luego para disponer medidas como la expulsión del hogar del agresor.
El total de personas denunciadas en los últimos 24 meses en la OVD por ejercer en la ciudad de Buenos Aires algún tipo de violencia en su hogar asciende a 12.762, de las cuales los varones son el 86%. Los casos provienen de todos los barrios e involucran tanto a ricos como a pobres: los barrios que encabezan la lista de denuncias son Flores, Lugano, Barracas, Caballito y Palermo.
Y respecto del tipo de violencia que se registra en los casos ingresados en la OVD, la mayor cantidad corresponde a violencia psicológica (90%), seguida por la violencia física (67%), la económica (30%) y la sexual (12%). Un mismo caso puede registrar diferentes clases de violencia. El de Juana, por ejemplo, incluía a todos, según constancias judiciales.
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Juana tomó coraje y decidió pedir ayuda cuando, después de negarse a poner a nombre de su pareja su nuevo auto, que ella había pagado enteramente con su sueldo, él rompió una ventana con una botella y la insultó a los gritos frente a sus nietos y vecinos. Más adelante vendría la violencia física. "Como soy una persona grande, creía que podía defenderme sola, pero las cosas con mi pareja empeoraban con el paso del tiempo", cuenta a LA NACION.
Admite que cuando la custodia policial se va porque termina su turno, ella se encierra en el baño y apaga las luces hasta que llegue el siguiente cuidador. Y sabe que la protección no será eterna, porque es consciente de que no hay policías para cuidar a todas las víctimas. Dice también que tardó en recurrir a la Justicia porque trabaja y suponía que los trámites judiciales le impedirían conservar su empleo. "Por suerte, no fue así", se alegra.
Como evidencia su caso, la violencia doméstica tiene algunas características complejas y distintivas: no termina siquiera con el fin de una relación y, obviamente, una sentencia judicial no logra poner fin al problema. "En la Argentina, con la ayuda de los medios, la población está tomando conciencia y ello contribuye a que las víctimas o sus familias intervengan y eviten situaciones irreversibles, pero todavía hacen falta políticas que acompañen y respalden a las víctimas", opina la jueza de la Corte Highton de Nolasco en diálogo con LA NACION.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1994 en Belém do Pará, Brasil, y antecedente directo de la Ley 26.484, aprobada por el Congreso en 2009 y recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo, señala que por violencia contra la mujer debe entenderse "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado".
Dos frentes
En este sentido, la creación y puesta en funcionamiento de la OVD constituyó en la Argentina el primer paso de una política efectiva a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, una iniciativa que lideran las ministras del máximo tribunal: Highton de Nolasco supervisa la OVD y Argibay es el alma máter de la Oficina de la Mujer, que funciona desde el año pasado.
Las dos juezas realizan un trabajo complementario. Highton de Nolasco se focaliza en mejorar el acceso a justicia de las víctimas y Argibay en sensibilizar a los jueces, fiscales, defensores y operadores judiciales para que resuelvan los conflictos que llegan a sus manos teniendo en cuenta la perspectiva de género. Podría decirse que la primera promueve que más víctimas como Juana conozcan sus derechos y lleguen al Estado para pedir auxilio, y la otra se empeña en que el sistema judicial las reciba y no las discrimine ni expulse.
Con un equipo de 72 personas cuando comenzó su trabajo y 85 en la actualidad, la OVD logró que decisiones judiciales que antes tardaban en promedio entre tres y cuatro meses en la Justicia civil ahora se resuelvan en 72 horas, algo esencial en los casos en que víctimas y victimarios deben ser separados lo antes posible.
Consiguió, además, que los máximos tribunales de Justicia de todas las provincias argentinas firmaran convenios que los comprometen a capacitarse y a adoptar un sistema similar de atención y recolección de datos. Tucumán y Santiago del Estero ya tienen sus oficinas abiertas. Y, como si fuera poco, la OVD generó las únicas estadísticas oficiales que existen en el país sobre violencia doméstica, algo que tanto militantes feministas como funcionarias consideran esencial para que se diseñen buenas políticas públicas.
Chaher, presidenta de la Asociación Civil Artemisa comunicación, pondera esta iniciativa de la Corte pero se queja de la ausencia del resto del Estado. Explica que, ante la falta de datos oficiales, tres organizaciones no gubernamentales difunden actualmente un monitoreo de feminicidios a partir de las noticias publicadas en medios de prensa. "No corresponde que las organizaciones de la sociedad civil ni los periodistas estemos haciendo este trabajo, pero como los medios trabajamos con datos y este es un dato terrible pero ausente, vinculado con los derechos humanos de las mujeres, comenzamos a hacerlo. En este aspecto, el aporte de la OVD nos parece central".
Todas las fuentes consultadas coinciden en que la violencia doméstica no es un fenómeno que pueda resolverse desde el Poder Judicial. Por eso, aunque ponderan que la Corte haya puesto el tema en agenda, reclaman mayor protagonismo y compromiso de los gobiernos nacional y provinciales. En este sentido, Beatriz Kohen, socióloga experta en cuestiones de género y docente de la Universidad de Palermo (UP), no tiene dudas: "El Poder Judicial -afirma- no puede dar una respuesta integral a esta problemática, que incluye políticas de vivienda, trabajo, cuidado y seguridad, entre otras". Y si bien para Kohen el trabajo de la OVD es muy positivo, señala que los Tribunales aún no reciben adecuadamente a las víctimas de violencia porque, entre otras cosas, los edificios no están preparados: no hay lugares para asegurar la intimidad de las declaraciones ni espacios para dejar a los hijos, por caso.
"La OVD tiene el valor político de poner en evidencia, desde la máxima jerarquía de un poder del Estado, que algo hay que hacer en esta materia", coincide Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Advierte, sin embargo, que en los otros poderes del Estado nacional -el Ejecutivo y el Legislativo- no ocurre todavía lo mismo. Y señala que aún falta recorrer un largo camino en la materia, porque también los gobiernos provinciales deben avanzar en las políticas de protección y asistencia a las mujeres.
Al igual que la diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) cuando se debatió y aprobó en el recinto de la Cámara baja la Ley de violencia contra las mujeres 26.484, Gherardi se queja porque, dice, hasta ahora los hombres se acuerdan de los derechos de las mujeres sólo en fechas conmemorativas. El 26 de noviembre de 2008, un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Senado dio media sanción al proyecto de ley. Y el 11 de marzo de 2009, al día siguiente de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, la cámara de Diputados convirtió ese proyecto en ley, reglamentado recién en julio último por el Poder Ejecutivo Nacional.
Así y todo, constituye un avance significativo. "Con esta ley contra la violencia de género, que es muy abarcativa y no sólo comprende a la violencia doméstica, estamos a la vanguardia del mundo", señaló Highton de Nolasco. Coincide con ella Bianco, presidenta de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer): "La ley es perfectible -dice-, pero nosotras bregamos durante años para tener una ley amplia y centrada en las mujeres, y finalmente se logró".
Highton de Nolasco considera que ahora hacen falta campañas públicas urgentes y un programa de capacitación de empleo específico para víctimas de violencia doméstica, porque si no, como muchas mujeres dependen económicamente de sus victimarios, terminan volviendo a los pies de sus agresores.
En esta misma línea, Bianco reclama al Gobierno y al Congreso, que en breve comenzará a debatir el Presupuesto 2011, fondos para implementar la ley de violencia, que incluye funciones específicas vinculadas con la prevención y el tratamiento de los Ministerios de Educación, Salud, Justicia, e Interior, además del de Desarrollo Social, donde funciona el Consejo Nacional de la Mujer, "al que hay que jerarquizar y dotar de recursos y personal capacitado de inmediato".
Que sean las mujeres las que levanten la bandera de los derechos de sus pares es algo que se repite en el mundo entero, donde los hombres son quienes conservan los principales lugares de poder. Pero eso también está cambiando. "Cuando empezamos a trabajar, sin duda el mayor interés por la OVD lo mostraban las juezas y funcionarias mujeres, pero ahora superiores tribunales de provincias en los que no hay ministras también están sumamente comprometidos", se entusiasma Analía Monferrer, a cargo de la OVD.
En honor a la verdad, la funcionaria recuerda que el impulso inicial a esta oficina fue del ministro Enrique Petracchi cuando hace un lustro presidía el máximo tribunal del país y la Asociación de Mujeres Jueces le entregó un informe muy crítico. Luego, las ministras de la Corte tomaron la delantera en el ataque a la violencia doméstica y la defensa de los derechos de las mujeres, según coinciden todas las fuentes consultadas. Ahora esperan que también la Presidenta sume su apoyo antes de que concluya su mandato.
© LA NACION
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