Las preguntas incómodas que afronta Cristina Fernández por YPF

Veronica Smink

BBC Mundo, Argentina

 

Los detractores acusaron a Fernández de haber abogado -hace años- por la privatización de YPF.

Cuando la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el pasado lunes su decisión de expropiar la principal petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) -mayoritariamente en manos de la española Repsol- dedicó su anuncio a su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

"Él siempre soñó con recuperar YPF para el país", dijo la mandataria sobre quien fue su antecesor en la presidencia entre 2003 y 2007, y murió en 2010.

Pero además de cuestionar la decisión, los detractores de la presidenta también acusaron a Fernández de hipocresía.El discurso fue recibido con aplausos y cánticos por los simpatizantes del gobierno. Sin embargo, causó honda preocupación entre algunos sectores de la oposición y analistas que advierten que podría causar un serio problema con España, el principal inversor extranjero en Argentina.

Y es que tanto la jefa de Estado como su marido abogaron por la privatización de YPF cuando ejercían cargos públicos en la provincia patagónica de Santa Cruz.

Documentos legislativos revelados por la prensa muestran que en 1992 la entonces diputada provincial en Santa Cruz presentó un proyecto que declaraba la necesidad de que la petrolera pasara a manos privadas.

También Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, instó a los legisladores de su provincia a que respaldaran el proyecto privatizador impulsado por el presidente peronista Carlos Menem, y que eventualmente llevaría a que la petrolera pase a manos privadas.

En 1999, los Kirchner también avalaron la venta de las acciones del Estado y de Santa Cruz a Repsol.

Vaciamiento

A pesar del cambio de postura, muchos kirchneristas sostienen que no puede juzgarse a la mandataria por una decisión que tomó hace 20 años, ocupando otro cargo y en otro momento político del país.

"¿Por qué (el gobierno) no mencionó la responsabilidad de la familia Eskenazi? ¿Por qué se expropia solamente la parte española?"

Gerardo Morales, senador de UCR

Pero los críticos de la presidenta sostienen que esto no es lo más grave que se le puede achacar a Cristina Fernández. Según ellos, la contradicción mayor es que fue la política energética implementada en la última década por el kirchnerismo la que generó la crisis energética que ahora justifica la expropiación de la petrolera española.

El gobierno explicó su decisión de quedarse con el 51% de las acciones que posee Repsol con el argumento de que la empresa española "vació" la petrolera, al repartir la mayor parte de sus utilidades en vez de reinvertirlas.

Pero varios legisladores de la oposición acusaron al propio gobierno de haber avalado ese "vaciamento".

La diputada y ex candidata presidencial de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, se presentó ante la Justicia para denunciar que el representante del Estado en el directorio de Repsol YPF, Roberto Baratta, aprobó los estados contables, memorias y plan de inversiones por unanimidad, hasta 2011.

Recordó, además, que el Estado podía objetar decisiones de la compañía por poseer la llamada "acción de oro".

"El Estado argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que deje de liquidar en el país hasta el 70% de los obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la empresa", denunció Carrió ante un juez federal.

"Argentinización" de YPF

Durante una acalorada sesión en el Congreso, el martes, algunos legisladores también cuestionaron el papel que jugó en la empresa un aliado del kirchnerismo: el argentino Sebastián Eskenazi, gerente general de YPF y dueño junto con su familia del 25% del paquete accionario de la empresa.

La llegada del Grupo Petersen -controlado por los Eskenazi- fue orquestada en 2007 por el presidente Kirchner, como parte de una estrategia para "argentinizar" la petrolera.

"¿Por qué (el gobierno) no mencionó la responsabilidad de la familia Eskenazi? ¿Por qué se expropia solamente la parte española?", objetó el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales.

Por su parte la senadora del CC María Eugenia Estenssoro, remarcó que el acuerdo que posibilitó el ingreso de los Eskenazi dio a Repsol vía libre para repartir utilidades.

Y denunció que "en 2009 y 2010 se aprobaron balances correspondientes a 2008 y 2009 en los que se decidió la remisión de utilidades del 255% y del 140%, respectivamente", algo que se contradice con la política de reinversión supuestamente alentada desde el gobierno.

Los legisladores hicieron hincapié en un detalle aún más comprometedor: la forma de pago por la que se acordó el ingreso de los Eskenazi (ingreso que además fue criticado por la falta de experiencia de ese grupo en el sector petrolero).

El Grupo Petersen no pagó por las acciones que compró, sino que se acordó con Repsol que esa deuda fuera cancelada con los dividendos futuros, algo que -según los detractores- impulsó el reparto de utilidades.

Crisis energética

En una exposición ante el Senado, los dos funcionarios designados por la presidenta como interventores en YPF, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, defendieron la decisión del gobierno.

¿Qué hará Carlos Menem?

Se prevé que el 25 de abril el Senado vote el proyecto de expropiación presentado por el Ejecutivo. Uno de los legisladores que deberá expresarse sobre el tema es Carlos Menem, el ex presidente peronista (1989-1999) que impulsó la privatización de YPF. Menem fue elegido senador en 2005 y es considerado un aliado del gobierno. Según los medios oficialistas, el senador podría pedir licencia por motivos de salud –como ha hecho en el pasado- para evitar tener que votar.

Los funcionarios destacaron que en la última década la producción de petróleo en Argentina se redujo a la mitad, algo que atribuyeron a la falta de inversión. Y señalaron que esa caída llevó a que Argentina perdiera su autoabastecimiento energético.

"El déficit energético de la Argentina se encuentra estrechamente asociado a la política desarrollada por Repsol", aseguró De Vido.

Por su parte, Kicillof acusó al presidente de Repsol, Antonio Brufau, de exigir un precio para la venta del petróleo "a tono con el precio mundial" y de rehusarse a abastecer el mercado argentino a los precios que exigía el gobierno: entre la mitad y dos tercios de su valor internacional.

"(Repsol YPF) es una empresa que tiene que alinearse a un modelo de crecimiento y que no hemos logrado que lo haga", dijo.

Según explicó el funcionario, el precio del barril no debe calcularse según su costo de mercado sino según "los costos de las empresa" en Argentina.

Sin embargo, expertos con los que habló BBC Mundo afirmaron que es justamente la política de precios bajos aplicada por el kirchnerismo desde 2003, lo que llevó a una falta de inversión y a la grave baja en la producción.

"La decisión del gobierno de mantener prácticamente congeladas las tarifas de gas y petróleo en los últimos diez años es una de las causas principales que explican por qué se redujo la explotación de hidrocarburos", afirmó el consultor energético Daniel Gerold, de G & G Energy Consultants.

"Contradicción"

La senadora Estenssoro –cuyo abuelo fue uno de los fundadores de YPF en 1922, y su padre dirigió la petrolera- cuestionó la capacidad del gobierno para hacerse cargo de YPF.

En particular la legisladora consideró una "contradicción" que se designe como interventor al mismo funcionario que desde 2003 tiene a su cargo la política energética del país, Julio De Vido, a quien consideró responsable de la pérdida del autoabastecimiento energético.

"De exportar hidrocarburos pasamos a ser un importador neto. ¿Todo ese plantel va a liderar la recuperación de YPF? Es algo insólito", afirmó.

Hablando en representación del gobierno, Kicillof desmereció las críticas sobre la política energética oficialista.

"Las políticas fueron exitosas, pero insuficientes. Por eso ahora se avanza en esta dirección", argumentó.

También se defendió de quienes le reprocharon el manejo estatal de Aerolíneas Argentinas, otra empresa expropiada a una empresa española (en 2008), que actualmente reporta pérdidas de US$2 millones por día.

El funcionario pidió un voto de confianza en el Estado.

"Cuando hay una crisis lo peor que se puede hacer es pensar que el Estado es el problema. El Estado es la solución", aseguró.